En un mitin de protesta en las inmediaciones de la embajada de Canadá en esta capital, a cuya nación pertenece la compañía First Quantum, propietaria de la mayoría de las acciones en una mina de cobre en Donoso (Colón), el líder sindical dijo que el Ejecutivo hace caso omiso a un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2017 que declaró ilegal ese pacto.
Repudiamos que el presidente del país, Laurentino Cortizo; y los ministros de Comercio e Industrias, Federico Alfaro; y de Ambiente, Milciades Concepción, entreguen de manera burda a una firma foránea nuestros preciados recursos naturales.
Nos mantendremos en las calles, agregó, hasta derrotar ese leonino contrato que solo trae daños a nuestra naturaleza y a nuestra gente, indicó.
Graell llamó además a la unidad en medio de la diversidad de los movimientos populares en el istmo para enfrentar en todos los terrenos la maniobra de las élites de poder que quieren imponer ese texto, y que finalmente sea sancionado en la Asamblea Nacional (parlamento).
El pasado miércoles grupos sociales y ambientalistas se pronunciaron en contra del contrato frente a las instalaciones de la presidencia de la República.
Según conoció Prensa Latina, las nuevas acciones coinciden con el inicio del posible segundo debate de ese convenio, luego que los diputados visiten áreas de la mina, el próximo martes, y dialoguen con sus obreros.
Los colectivos han denunciado además el despido de 150 trabajadores de la compañía, en momentos en que la propaganda pública insiste en la idea de que la mina es generadora de miles de empleos.
Por otra parte, una delegación de las organizaciones sociales presentó ante la CSJ un recurso por desacato del Gobierno en torno al contrato, que ese ente rechazó.
La comitiva que entregó el documento estuvo encabezada por la candidata presidencial independiente hacia comicios generales de 2024, la economista Maribel Gordón y la integraron varios abogados y lideres populares, que rechazan que la minera opera a pesar de que el pacto fue declarado inconstitucional por la misma CSJ en 2017.
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