El recurso también atañe a la magistrada María Eugenia López, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, por su postura cómplice e ineptitud debido a que esa institución en 2017 declaró inconstitucional el pacto concesionario, que permite operaciones sin la licitación correspondiente.
En torno al contrato, los profesores de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá emitieron por su parte un comunicado en el que solicitan al Ejecutivo que establezca una moratoria a la minería metálica a cielo abierto.
Según ese texto, que suscribe el decano Rolando Gordón, los académicos expresan su rechazo al contrato de concesión minera, el cual presenta innumerables evidencias de “fallas en su conceptualización pragmática” contra los intereses del Estado y el desarrollo sostenible del país.
También exigen a las autoridades que el documento sea sometido a un diálogo constructivo y transparente con la sociedad en su conjunto.
Añaden que se debe garantizar la participación y promover una solución que cumpla con los estándares que merece el istmo, en cuyo proceso se analice el rol de la minería en el desarrollo nacional.
Los profesores demandaron que las negociaciones resultantes de una nueva fase “democrática y transparente rompan con las reglas de juego neocolonial–neoliberal y sus esquemas de concesiones privatizadoras absolutas de los recursos y patrimonio nacionales”, según el mensaje.
Los docentes solicitaron además que se inicie “de forma urgente por parte del Estado” la formulación e implementación de un ‘Plan Integral de Desarrollo Económico Sostenible’, con enfoque participativo, que presente alternativas de otros polos para la región de Donoso y zonas aledañas al proyecto minero.
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