La propuesta jurídica de Lucha Contra la Impunidad en Delitos Sexuales Contra Infantes, Niños, Niñas y Adolescentes fue rechazada por 54 legisladores y apoyada por 44, en una sesión caracterizada por el desorden.
Según Prada, “el daño no lo han hecho a nuestro Gobierno nacional, el daño no se lo han hecho al presidente Luis Arce, no nos lo han hecho a nosotros, como ministras y ministros”.
Insistió en que los perjudicados son las niñas, los niños, los adolescentes víctimas de delitos sexuales, “de la mayor aberración que se puede cometer contra una niña, contra un niño, contra un bebé, contra un adolescente, en nuestro país”, dijo en conferencia de prensa.
Explicó que el proyecto buscaba que quienes cometen delitos sexuales y sus cómplices no queden en la impunidad y que los casos no puedan proscribir, al considerar que las víctimas están en entornos familiares, unidades educativas, centros de guías espirituales, entre otros.
La propuesta de normativa también busca que aumente la pena para quienes son cómplices de los delitos sexuales y que se cree una Comisión de la Verdad para investigar estos crímenes y hacer justicia, petición de las víctimas.
“Tengan la seguridad de que no nos vamos a quedar de brazos cruzados, que vamos a seguir trabajando no solamente por proyectos de norma, sino por políticas de protección a nuestra niñez”, reiteró la ministra.
Elogió Prada a aquellos legisladores que están a favor de la iniciativa y señaló que su voluntad de priorizar a la niñez no fue suficiente, porque hubo asambleístas que priorizaron sus intereses políticos y un acuerdo.
“Priorizaron un pacto que lamentablemente ahora opera en la Asamblea Legislativa para dañar a nuestro Gobierno nacional y no pensaron a quiénes han dañado realmente”, sostuvo.
Manifestó que, de muchos asambleístas de la oposición, quizás se esperaba ese tipo de posición, pero no de los legisladores de la bancada del Movimisnto al Socialismo, “que se supone que tienen principios, valores y compromiso, sobre todas las cosas, con los más vulnerables”.
Quienes votaron en contra, demandaron que antes de aprobar la normativa sea separado de la Asamblea Legislativa Plurinacional el diputado oficialista Juan José Jáuregui, quien es investigado por un presunto delito sexual, y que se apruebe la normativa que abra la puerta a las elecciones judiciales.
Según Prada, en 2022 se registraron dos mil 718 casos de violación en el país y hasta agosto del año en curso suman mil 745, de ellos casi el 50 por ciento fueron contra menores de edad.
npg/jpm
