Romero permaneció en al Ministerio Pùblico, a donde llegó con una numerosa escolta, durante el citado lapso y respondió en privado a las interrogantes de los fiscales, sin declarar a la prensa al llegar ni al salir del lugar.
El titular declaró en el marco de una investigación por los delitos de homicidio agravado y genocidio, así como abuso de autoridad, caso en el que la principal investigada es la presidenta Boluarte, quien fue citada a declarar el 27 de septiembre.
También está incluido el primer ministro, Alberto Otárola, quien en la primera etapa de las protestas era ministro de Defensa, cargo que implica el enlace entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas, que actuaron junto a la Policía contra las manifestaciones, según el Gobierno porque estas eran violentas.
Otárola será interrogado el mismo día 27, horas después de la declaración de la mandataria. Ambos han negado responsabilidades en las operaciones militares y policiales y en el saldo de 50 muertes de civiles en disturbios.
Murieron además seis militares ahogados al cruzar un rìo y un policía linchado en circunstancias que en ambos casos son materia de controversia, así como civiles en circunstancias indirectamente vinculadas a las manifestaciones.
Las muertes y cientos de heridos han motivado expresiones de condena o preocupación de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas dedicado al tema.
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