El recurso fue interpuesto por el abogado Juan Ranón Sevillano en alusión al Contrato Ley 9 de 1997, entre el Estado panameño (representado por el Ministerio de Comercio de Industrias) y la entonces concesionaria Minera Petaquilla, S.A., para la explotación de una concesión en Donoso, Colón.
Sevillano, al igual que Susana Serracín, del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), promovió la demanda contra ese pacto que finalmente fue declarado inconstitucional en el año 2017.
Ante la negativa, obreros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) arreciaron medidas de presión como cierres de avenidas y tramos carreteros en varios puntos de la ciudad y de provincias en rechazo al contrato que estiman lesivo a la soberanía del país.
Las acciones las denominaron “Jornada de lucha”, en protesta contra la pretensión de imponer el acuerdo entre la empresa Minera Panamá y el Ejecutivo.
Los manifestantes indican que en el pacto se incluyen disposiciones que limitan el monitoreo y supervisión de la operación de la mina de cobre, al no permitir sobrevuelo en el área de concesión.
A su vez, señalan que se ponen en riesgo los recursos hídricos de la zona y que la actividad minera no es idónea ni estratégica para Panamá, que tiene potencial forestal y turístico.
En la localidad de Coclesito (Coclé) pobladores de comunidades aledañas a la mina se sumaron a las protestas con denuncias sobre desalojos debido a proyectos para construir tinas para verter aguas contaminadas en esos territorios, lo cual destruye la biodiversidad y pone en peligro la riqueza hídrica del país-
La víspera, el Consejo de Ministros acordó retirar el proyecto del contrato con Minera Panamá para hacer ajustes atendiendo a recomendaciones de la comisión de Comercio de la Asamblea Nacional (Parlamento).
De acuerdo con la nota oficial del Gabinete, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, dio instrucción al titular de Comercio e Industrias Federico Alfaro, para que retome ese pacto y se evalúen modificaciones con la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, atendiendo también a las consideraciones emanadas de consultas ciudadanas.
Tras atender esas inquietudes de la ciudadanía sobre el contrato en los próximos días el Ejecutivo trabajará conjuntamente con la empresa Minera Panamá, para acordar las redacciones que resuelvan los puntos indicados, agrega el informe.
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