En un mensaje a la nación, el secretario general de ese colectivo, Saúl Méndez, aseveró que la postura del Ejecutivo es resultado de la presión del pueblo en rechazo al convenio con la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, pero aún es insuficiente.
Retirar el proyecto no significa que hemos derrotado el contrato, es evidente que detrás hay una maniobra de querer decirle a la población de que con cuatro aspectos de ese texto recomendados a revisión- concesión del espacio aéreo, la potestad para expropiar tierras, facilidades en impuestos y no convertir en Ley Marco- se resuelve el problema.
Es un maquillaje con el cual no nos conformamos, remarcó el dirigente sindical y excandidato presidencial en 2019.
Los colectivos demandan que se cumpla el fallo de la Corte Suprema de Justicia que en 2017 declaró inconstitucional ese proyecto de ley, pero la actual corrupción a lo interno en complicidad con el Ejecutivo, conlleva a que incumpla con sus funciones, agregó.
Como parte de las nuevas acciones, adelantó, las organizaciones sociales presentarán una querella penal contra el Procurador de la Nación, Javier Caraballo, por omisión del deber de funcionario público.
También impugnarán a los dueños de la trasnacional extranjera y de la compañía minera que están robándole al pueblo panameño con la anuencia de las autoridades.
En ese sentido dijo que otro de los reclamos es que se declare la moratoria minera, es decir, insistió, cesar la actividad de First Quantum y el saqueo y robo de los minerales del país, además del daño ambiental que genera esta actividad ilegal.
Además, exigimos que se realice un debate público, democrático, televisado, para que la población acceda a toda la información requerida y después decida en las urnas si quiere que Panamá sea o no un país minero.
Frente a la imposición que se aprecia, frente a maniobras, el pueblo debe estar alerta para derrotar este texto en las calles, insistió.
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