En una visita a la norteña ciudad de Trujillo, la mandataria dijo que el Gobierno considerará la posibilidad de ampliar la medida que hoy cumplió 15 días, acotada a solo dos municipios de Lima y una provincia del norte del país.
La decisión aplicada no cumple los objetivos esperados, según percepción generalizada y Boluarte señaló que la medida está en análisis para evaluar sus resultados y decidir si se mantiene o modifica.
Las críticas al estado de emergencia incluyen que fue decretado en forma improvisada ante el desborde de la criminalidad y en forma aislada y sus resultados no son satisfactorios, ante lo cual el ministro del Interior Vicente Romero aseguró que sí tiene logros.
El Congreso recogió la insatisfacción que ha motivado marchas de municipios que demandan ser incluidos en el estado de emergencia y acordó interpelar a Romero el 11 de octubre, para lo cual aprobó un pliego de preguntas de los legisladores.
Una de los parlamentarios que impulsaron la interpelación, la izquierdista Margot Palacios, argumentó para la rendición de cuentas ministerial que el titular ha fracasado en la misión de frenar “la inseguridad ciudadana, la delincuencia y la criminalidad organizada”.
“El ministro lleva casi medio año en el cargo y su estrategia gubernamental no está demostrando ser efectiva en la lucha contra la delincuencia”, añadió.
Las denuncias sobre una presunta mafia de emisión ilegal de pasaportes es un tema que además debe abordar Romero, según el legislador de centro Elvis Vergara.
El pliego interpelatorio argumenta contra el estado de emergencia que este se aplicó tres veces en años recientes en la ciudad portuaria del Callao, adyacente a Lima, pero “los resultados fueron absolutos fracasos y empoderó a las mafias organizadas”.
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