En 57 allanamientos, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público arrestaron este lunes a 30 funcionarios de entidades estatales y privadas, señalados de presuntos delitos de corrupción.
En declaraciones a la prensa, el director del OIJ, Wálter Espinoza, señaló que este caso está vinculado con corrupción en la función pública, con violación a los deberes de probidad y con eventuales malversaciones de fondos en temas relacionados con la construcción de obras públicas, particularmente carreteras.
Precisó que en 2019 recibieron denuncias sobre la existencia de funcionarios públicos relacionados con representantes de empresas privadas de alto nivel, que usualmente ganaban las adjudicaciones y que estaban malversando los fondos para favorecer determinados proyectos y a personas.
‘Nos referimos a la recepción de sobornos, obtención de regalías, gratificaciones irregulares y evidentemente un comportamiento del sector privado dirigido a lograr situaciones de ventajas para sí, en el tema de pagos para fondos, para presupuestos adelantados y muchas otras circunstancias’, indicó el director del OIJ.
Al respecto, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, solicitó este jueves a su ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez, intervenir el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), señalado de presuntos actos corruptos en la función pública.
De los 30 detenidos, 13 son funcionarios del Conavi, los otros trabajan en el MOPT y en empresas privadas como Meco, H. Solís, Constructora Herrera, Cacisa e ITP Ingeniería.
Desde el primer momento, el presidente tico respaldó la investigación y ofreció todo el apoyo del Gobierno para llegar al fondo de este caso.
Tras indicar que esos comportamientos son totalmente inaceptables, Alvarado señaló que ‘ahí donde hay un corrupto, también hay un corruptor, y ambos deben ser sancionados. Es mi deseo, igual que el del resto de las y los costarricenses que se llegue al fondo del asunto y se sienten las responsabilidades y sanciones, recaigan sobre quienes recaigan’.
Por otra parte y poco después de ser aprobado en primer debate por 32 votos a favor y 15 en contra, esa última cantidad de diputados presentaron una consulta de inconstitucionalidad ante la Sala IV contra el proyecto de ley de Empleo Público, respaldado por el Gobierno, pero rechazado de plano por agrupaciones políticas, sindicales, sociales y populares.
Para los 15 firmantes del documento, esa iniciativa legal trasgrede la Carta Magna de Costa Rica por violar la independencia de poderes, la autonomía de instituciones y los derechos humanos, entre otros.
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