“Lamento el error de redacción cometido en el párrafo 209, en el cual se reportó erróneamente como cocaína la producción de 24 millones 575 mil kilogramos de hoja de coca”, admitió el secretario de la JIFE, Mark Colhoun, en carta a la representación diplomática de Bolivia en Naciones Unidas.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó, por su parte, que Colhoun respondió a una misiva remitida por el Gobierno del presidente Luis Arce al foro multilateral en la cual se realizan las observaciones correspondientes “ante este erróneo párrafo que confunde la coca y la cocaína”.
“Ante tal observación saludamos la predisposición del JIFE de reconocer su error y resaltar el trabajo que realizamos como país en estos temas”, enfatizó el titular en sus redes sociales, donde incluyó una imagen de la carta de respuesta de la junta internacional.
La nota de la JIFE explica que el contexto de la información errónea publicada estaba relacionado con la descripción global de las tendencias lícitas para fines médicos y científicos, “y el párrafo no transmite ninguna preocupación de la Junta en relación con el cumplimiento de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes”.
Recordó del Castillo que Bolivia “cuenta con una reserva en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes con respecto al uso cultural y ancestral de la hoja de coca, es decir, que en Bolivia la coca es de consumo natural y no es considerada una sustancia ilícita”.
También en la semana que cierra, la operación en Bolivia de 13 radares, siete de uso militar, radicalizaron el enfrentamiento a los vuelos ilícitos de los narcotraficantes, según el titular de Defensa, Edmundo Novillo.
En entrevista al canal estatal Bolivia Tv, Novillo afirmó que dos corredores ilegales resultaron identificados y dos aviones K-8 vigilarán esta zona para detectar las naves intrusas y obligarlas a aterrizar.
Añadió que, en última instancia y de forma excepcional, si resulta necesario se les derribará.
“Hay corredores que se han establecido, y estos corredores están en el lado norte y sur (de Bolivia)”, precisó.
Insistió en que a partir de estas precisiones ya se tiene que planificar las operaciones “precisamente, de detección, interceptación y lógicamente de hacer todo el trabajo para obligarlo a aterrizar en el aeropuerto más cercano”.
Los 13 radares de última tecnología están emplazados en 22 sitios estratégicos de Bolivia y requirieron una inversión de 196 millones de euros.
Reiteró Novillo que siete de estos medios de vigilancia de los cielos son de uso castrense y seis de empleo civil, y que todos forman parte del Sistema Integrado de Defensa y Control de Tránsito Aéreo.
Indicó que en enero comenzaron a operar parcialmente y lograron la detección de vuelos irregulares de aeronaves con matrícula inexistente o sobrepuesta.
Las Fuerzas Armadas están a cargo de esta tarea de control de vuelos ilegales o irregulares con las naves K-8, enfatizó el ministro.
En referencia a la elaboración del protocolo de actuación, se informó que en la cartera de Defensa se ultiman los detalles, a través de un proyecto de decreto.
Especificó que la detección e intercepción obedecerán a estándares internacionales, al igual que el excepcional derribo.
Esta última decisión se practicará cuando las aeronaves sospechosas o ilegales se consideren “hostiles” por desobedecer las órdenes de aterrizaje o porque pongan en riesgo la seguridad del avión de intercepción.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y la Fiscalía estarán en tierra para activar los operativos cuando una aeronave sea obligada a aterrizar.
Novillo aclaró que los radares civiles serán utilizados por instituciones como el servicio de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos, la Dirección General de Aeronáutica Civil y otras para controlar el tráfico aéreo comercial.
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