De acuerdo con la titular de esa entidad, María Inés Castillo, actualmente hay 192 mil 708 personas que están dentro de los cuatro programas de transferencia monetaria condicionada.
Uno de los principales reclamos de varios sectores del país es que la continuidad de estos proyectos debe ser evaluada, ya que no son sostenibles en el tiempo.
Según dijo al diario La Prensa el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Temístocles Rosas, estos programas deben estar focalizados, es decir llegar a quienes realmente los necesitan.
Estadísticas oficiales señalan que si bien el monto que se asignaba en 2015 para esos programas era de 212 millones de dólares, el próximo año llegaría a los 230 millones de dólares de dólares, lo que supone 18 millones más en casi una década.
Luego de más de 10 años de haber creado estos programas de asistencia social, hasta hace pocos meses, a finales de junio último, el Mides presentó el Registro Nacional de Beneficiarios, un sistema de información que permitiría priorizar a las personas que más los necesitan.
Sobre este tema, Catillo explicó que podrán identificar a la población en condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad; se elimina la duplicidad de registros y minimiza los errores de identificación de los beneficiarios en los diferentes programas sociales.
El programa 120 a los 65 fue creado en 2009 dirigido a los adultos mayores; Ángel Guardián en 2012 para las personas con discapacidad severa en condición de dependencia y pobreza extrema; la Red de Oportunidades en 2010 y el Bono Alimentario data de 2005.
Los subsidios son una herramienta de los gobiernos para intentar lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible de poner fin a la pobreza, rumbo al año 2030, subrayó el Mides.
También precisó que el índice de pobreza multidimensional nacional indica que aun el 19 por ciento (dos de cada 10 personas) de la población panameña vive en hogares multidimensionalmente pobres.
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