Pérez planteó que el exgobernante, durante muchos años prófugo de la justicia en el exterior, debe ser juzgado en presencia de la prensa, conforme lo permite el Código de Procedimiento Penal, según el cual los procesos de funcionarios públicos y quienes lo fueron deben ser juzgados en público.
“El juicio oral se tiene que realizar a puertas abiertas, no de manera simbólica como en este momento, cualquier ciudadano, la prensa, puede presenciar este juicio, con lo cual se va a garantizar un principio que se conoce como transparencia”, argumentó.
Toledo participa a distancia, desde el presidio exclusivo para ex altos funcionarios públicos en el que también se encuentran los exgobernantes Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción, y Pedro Castillo (2021-22), acusado de violar la constitución y por presunta corrupción.
El fiscal citó exigencias públicas de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y otras organizaciones vinculadas a la prensa que coinciden en que los periodistas deben estar presentes en el juzgamiento de Toledo en cumplimiento del derecho de la ciudadanía a la información.
El fiscal Perez cuestionó también que la corte permita declarar a los co-acusados Abraham Dan On -israelí ex jefe de seguridad de Toledo durante su gobierno- y Fernando González, empresario.
El exgobernante neoliberal pidió por su parte asistir al juicio.
Fue extraditado de Estados Unidos en abril pasado y de inmediato fue encarcelado en virtud de una orden judicial que dispuso su prisión preventiva por haber sido declarado reo contumaz e intentar eludir a la justicia cobijado en Estados Unidos.
La solicitud fue rechazada por el tribunal en la primera audiencia del proceso por el delito de colusión imputado al expresidente neoliberal por recibir sobornos por más de 30 millones de dólares de un consorcio encabezado por la empresa brasileña Odebrecht, a cambio de un contrato de construcción de una carretera a Brasil.
Pérez ratificó su pedido de 20 años de cárcel para Toledo y lo acusó de utilizar su poder para eliminar controles y eludir leyes, reglamentos y procedimientos para hacer viable el proyecto.
Señaló que el contrato fue firmado pese a dudas y reparos de organismos estatales y hasta la oposición explícita de la Contraloría General de la República.
Entre los involucrados mencionó al exgobernante neoliberal Pedro Pablo Kuczynski, procesado actualmente y prohibido de salir del país, y quien era ministro de Economía y Finanzas de Toledo, así como Fernando Zavala, titular de la misma cartera en aquel gobierno y en la efímera administración (2016-18) de Kucczynski.
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