«Si ustedes (acusados) son inocentes, demuéstrenlo, pero no digan que son angelitos ni tampoco se hagan los locos”, afirmó el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, en referencia a los promotores del paro en el departamento de Santa Cruz con la exigencia de “Censo de Población en 2023 sí o sí”.
Los imputados son el expresidente del Comité Cívico cruceño Rómulo Calvo, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar; el vicerrector Reinero Vargas; y el asesor legal del denominado Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan.
La resolución de ampliación de imputación formal advierte que son investigados por los delitos de terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, asociación delictuosa y perturbaciones.
En este sumario también es investigado el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido desde finales de diciembre en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, departamento de La Paz, por el caso Golpe de Estado I.
Camacho comparece en este último expediente pesquisado por el complot que forzó en noviembre de 2019 la renuncia del expresidente constitucional Evo Morales, impuso un gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez (2019-2020) y dio lugar a las masacres de El Pedregal, Sacaba y Senkata con saldo de 38 muertos, cientos de heridos y miles de apresados.
La víspera, Cuéllar convocó a una conferencia de prensa en la cual argumentó que esta imputación se trata de una persecución política, y advirtió que entre sus testigos incluirá al presidente de Bolivia, Luis Arce.
Añadió que esta represalia obedece a que él y los otros imputados solo demandaban un Censo de Población y Vivienda.
Sin embargo, en los 36 días de paro, los destacamentos paramilitares subordinados al llamado comiteismo cruceño causaron pérdidas monetarias al país superiores a los mil 200 millones de dólares.
A ello se sumó la violación del derecho constitucional de millones de cruceños al trabajo y la libre movilidad.
Igualmente, en esos 36 días se registraron actos vandálicos como la ocupación y quema de sedes sindicales y de la Fiscalía departamental, actos de discriminación racial, cuatro muertes, cientos de heridos, una denuncia por violación grupal a una mujer y la quiebra de negocios de muchos gremialistas, choferes y mototaxistas.
El Gobierno nacional, por su parte, sobre la base de las recomendaciones de una Comisión Técnica Plurinacional, fijó en el decreto Supremo 4824 para el 23 de marzo de 2024 la fecha del censo.
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