Fuentes parlamentarias informaron que la defenestración de los siete integrantes de la JNJ, recomendada por una comisión legislativa, está lejos de los 87 votos necesarios (dos tercios del total de congresistas) pues solo cuenta con 69.
Debido a esa carencia, los promotores de la destitución aplazaron lo que parecía su inminente aprobación, a la espera de conseguir los votos necesarios para hacerla efectiva.
El diario conservador El Comercio discrepó del cese e informó, sin citar fuente, que existe la posibilidad de que los impulsores del informe retrocedan, para conseguir la mayoría requerida, hasta lograr al menos el cese de la magistrada Inés Tello.
Tello ha rebasado los 75 años de edad establecidos como edad máxima para integrar la JNJ, aunque esta interpretó que la limitación se aplica a la postulación y ella fue elegida por cinco años.
Su continuidad en el cargo es una de las faltas graves imoputadas a la JNJ, que tiene la trascendente tarea de nombrar, supervisar, sancionar y cesar a jueces, fiscales y autoridades electorales.
Trascendidos parlamentarios señalan que la mayoría derechista del órgano legislativo unicameral la adversa debido a sus antecedentes de severidad como jueza que encabezó un tribunal que condenó a prisión por corrupción o crímenes de lesa humanidad a altos jefes militares y otros integrantes del Gobierno de mano dura de Alberto Fujimori, cuyos seguidores son mayoría relativa en el Congreso de la República
Otras faltas invocadas son la no presentación del informe de gestión de la JNJ ante el Parlamento y haber expresado preocupación por la destitución de la fiscal suprema Zorayda Ávalos.
La expresidenta del Tribunal Constitucional, Martianella Ledesma, declaró que las imputaciones no son faltas graves y que estas deben estar anticipadamente tipificadas por el Congreso, cuya actitud constituye ejercicio abusivo de su poder, lo que prohíbe la constitución, que está siendo violada en este caso.
La jurista compartió el criterio de que la mayoría está incurriendo en un golpe parlamentario al atentar contra otra institucióndel aparato estatal y romper el equilibrio de poderes.
Entretanto, la prensa destacó expresiones de preocupación por la situación de la JNJ, de instancias internacionales como la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (a la que está adscrito el Estado peruano).
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