La manifestación fue desperdigada por los agentes del orden con extrema violencia y el uso de bombas de gas lacrimógeno, relataron testigos citados por medios periodísticos.
Fue el segundo ataque policial en pocos días, pues el primero ocurrió el 17 de junio.
Tal proyecto de ley prevé una serie de modificaciones en la jurisdicción de los terrenos originarios.
Entre las alteraciones aparece que los pueblos aborígenes solo tendrían derecho a aquellos dominios que estuvieran en su posesión el 5 de octubre de 1988.
La votación de la iniciativa estaba prevista para este martes en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados, pero fue retirada del orden del día tras las protestas.
Desde hace una semana, grupos de indígenas acampan en la Explanada de los Ministerios, céntrica avenida en esta capital en la que se ubican los edificios del poder público.
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) denunció en marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al gobierno del presidente Jair Bolsonaro por ejecutar una política de exterminio contra las comunidades nativas.
‘Hemos vivido un momento muy grave en nuestro país. El actual Ejecutivo brasileño aplica una política que es extremadamente perjudicial para los pueblos indígenas’, afirmó ante esa junta Luiz Eloy Terena, abogado de la APIB.
Manifestó que el Gobierno y sus agentes ‘tienen que ser responsabilizado. Estamos ante una política de exterminio, pedimos ayuda para detener el genocidio’, remarcó.
La acusación de la APIB tuvo el apoyo del Consejo Indígena Misionero y el patrocinio del Instituto de Desarrollo y Derechos Humanos, la Asociación Brasileña de Gays, Lesbianas y Transgéneros, Tierra de Derechos y el Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos.
Terena también reveló que por el patógeno y las invasiones ilegales de madereros en zonas de la Amazonia están en riesgo 114 pueblos indígenas que nunca estuvieron contacto con el hombre blanco.
Un informe de la Asociación Hutukara Yanomami reveló que la minería ilegal, una de las principales causas de destrucción del medio ambiente en la selva amazónica, se expandió un 30 por ciento en el 2020 en las tierras yanomami, lo cual equivale a 500 campos de fútbol.
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