El letrado Antonio Vargas, a nombre de ese colectivo, explicó a la prensa que la Ley 406, que ampara operaciones de la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, tiene los mimos visos de ilegalidad de aquel pacto de 1997 y que 20 años después la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucional.
Para el jurista, también la Asamblea Nacional (Parlamento) y la CSJ son responsables de que el pueblo, en su derecho de manifestación y libre expresión, según la Carta Magna, se exprese en las calles en rechazo al leonino contrato que vende a la patria.
Vargas denunció además al Ministerio de Seguridad y a la Policía Nacional de conculcar esos derechos de forma violenta y abusiva, al emplear gases lacrimógenos, rifles de asalto, pistolas de reglamento, balines y armas de grueso calibre para dispersar a los protestantes.
Se han practicado más de 120 detenciones de manera arbitraria, decenas de heridos no han sido atendidos en los hospitales y dieron instrucciones de dar seguimiento a líderes de los colectivos en protesta, lo cual es sumamente peligroso.
De otra parte, reveló que mantienen encarcelados a representantes de organizaciones sindicales como el abogado Kadir Méndez, en la occidental provincia de Chiriquí, cuando intentaba asistir a manifestantes reprimidos por unidades antimotines en esa región.
En el tercer día de manifestaciones populares, en rechazo al pacto minero, también la Conferencia Episcopal de Panamá hizo un llamado a la CSJ para que revise y se pronuncie con celeridad sobre la posible inconstitucionalidad de la ley que respalda ese texto.
En su declaración, la institución de la Iglesia Católica expresa su profunda inquietud acerca de la rapidez con la que se ha aprobado este contrato en el Legislativo y ha recibido la sanción del Gobierno, a pesar de las persistentes objeciones expresadas por diversos sectores de la sociedad.
Esta situación ha creado un ambiente de tensión, confrontación, represión y violencia en distintas comunidades, remarca el documento.
Por su parte, los gremios magisteriales decidieron extender por 48 horas más el paro en repudio al contrato minero, según precisó el secretario general de la Asociación de Profesores, Fernando Ábrego.
Los docentes marcharon hoy hacia la Procuraduría de La Nación, en rechazo a la judicialización anunciado por el jefe de Estado en un mensaje al país, la víspera,
Para mañana jueves en la tarde, la Alianza Pueblo Unido por la Vida convocó a una multitudinaria caminata que saldrá desde el emblemático parque Belisario Porras, en esta capital, hacia el Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo, en el Casco Antiguo) para exigir la derogatoria de la Ley 406.
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