En conferencia de prensa, el secretario general de la Asociación de Profesores, Fernando Abrego, precisó que los colectivos se mantendrán en las calles para exigir la derogación de la Ley 406 que autoriza operaciones a la filial de la trasnacional canadiense First Quantum para la extracción de cobre y otros minerales.
El dirigente gremial también felicitó al pueblo, que de manera heroica en las 10 provincias se ha sumado todos estos días a las diferentes movilizaciones de las organizaciones sociales en su lucha por derrotar ese convenio.
“Llamamos a ese pueblo a responder cualquier intención de robarle su participación directa en la toma de decisiones en un tema cardinal para la vida del país”, indicó.
Por su parte, el secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, rechazó todo vínculo de las acciones patrióticas con los actos vandálicos que se han producido, sobre todo en la capital, y de los cuales las autoridades responsabilizan a los movimientos populares.
“El pueblo vota y es el que manda. Llegó la hora para que el pueblo salga a dirimir sobre el contrato que vende la patria”, remarcó.
Los dirigentes de la Alianza recordaron que mañana jueves saldrá desde el cpitalino parque Belisario Porras una marcha hacia la Presidencia de la República para exigir que sea revocada la Ley 406, tan inconstitucional como aquella de 1997, según el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 20 años después, pero que ahora como institución se presta para respaldar el ilegal pacto.
En la jornada, el Colegio Nacional de Abogados (CNA) pidió a la CSJ que resuelva con celeridad las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 406 de 2023, que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
“Instamos a que se pronuncien de una forma ágil, rápida, efectiva y oportuna, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica y la paz social en nuestro país”, señaló el CNA.
Contra la Ley 406 se han presentado hasta el momento tres demandas de inconstitucionalidad, las cuales están en los despachos de las magistradas María Eugenia López Arias (presidenta de la CSJ), Miriam Cheng y María Cristina Chen, quienes deberán decidir la admisión o no de cada uno de esos recursos.
El Colegio de Abogados solicitó además al Ejecutivo establecer los mecanismos de diálogo con los diversos sectores que manifiestan su rechazo al contrato minero, a fin de garantizar la paz social y canalizar las inquietudes del soberano.
Del mismo modo, pidió garantizar el cumplimiento de los principios democráticos de libertad de expresión y participación ciudadana, pero también respetando la seguridad jurídica de las inversiones y el derecho al trabajo digno, a la seguridad social y a un ambiente sano.
npg/ga
