El coordinador de la Comisión Médica Negociadora Nacional, Domingo Moreno, dijo a la prensa que no atenderán consulta externa ni las cirugías electivas, y solo brindarán atención en los servicios de urgencias, cuidados intensivos y a pacientes hospitalizados.
Para el galeno, el Ejecutivo no ha sabido lidiar con este controversial pacto con la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, que adversan numerosos sectores de la sociedad.
“Por más que se haya tratado de enmendar, sigue siendo lesivo y el país no quiere saber de minería. Simplemente, la población no quiere el contrato. Lo que pedimos es que se derogue, puesto que se debe buscar una salida a este tema”, remarcó.
Al anuncio de huelga se unió la Asociación de Médicos Especialistas del hospital Santo Tomás, en la capital, que también calificó al contrato minero como lesivo, al tiempo que solicitó un plebiscito sobre la industria extractiva en el istmo.
Por su parte, autoridades de la Caja de Seguro Social informaron que se pierden, en promedio, 300 citas por día, una estadística que podría aumentar con el paro de trabajos decretado por varias organizaciones médicas.
También los educadores extendieron su paro de labores otras 48 horas, por lo que las clases en el sector público se mantienen suspendidas.
Sobre la situación, la ministra de Educación, Maruja Gorday, la calificó de muy preocupante, ya que afecta también a los estudiantes que se graduan.
Además comentó que no se está considerando impartir clases virtuales, puesto que la mayoría de los alumnos del sector oficial no cuentan con acceso a Internet.
Organizaciones religiosas, como la Conferencia Episcopal Panameña, solicitarpn a la Corte Suprema de Justicia que “revise y se pronuncie urgentemente sobre la inconstitucionalidad de la ley del contrato con Minera Panamá”.
De acuerdo con los obispos, un rápido pronunciamiento permitirá “superar la confrontación y traer la paz, buscando espacios de encuentro, consensos y soluciones en las que todos participemos”.
En tanto, la Alianza Evangélica de Panamá llamó a la sensatez, la reflexión y la calma, al promover el diálogo como herramienta para salir de la crisis social que enfrenta el país por la aprobación de la Ley 406 de 2023.
Mientras, la Cámara de Turismo, Comercio e Industrias de la localidad de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí, expresó preocupación por el cierre de las vías que afecta al país y recordó lo ocurrido en julio de 2022, cuando aconteció una paralización similar.
En ese contexto, solicitó al Gobierno que se establezca de manera inmediata un diálogo “constructivo” y “serio”, que la ciudadanía exige, y, de la misma manera, instó a las organizaciones a la apertura de las vías de acceso.
La víspera, el Colegio Nacional de Abogados (CNA) pidió al Supremo que resuelva con celeridad las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 406 de 2023, que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
“Instamos a que se pronuncian de una forma ágil, rápida, efectiva y oportuna, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica y la paz social en nuestro país”, señaló el CNA en un comunicado.
Las organizaciones que integran la Alianza Pueblo Unido por la Vida convocaron para este jueves en la tarde una marcha multitudinaria que llegará hasta la Presidencia de la República para demandar la derogatoria de la Ley 406 y reafirmaron que se mantendrán en las calles hasta derrotar el contrato minero.
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