El recurso lo presentó este mismo jueves el abogado Juan Sevillano y fue admitido por la presidenta de la CSJ, María Eugenia López, impugnada por los colectivos que protagonizan manifestaciones callejeras en rechazo a ese pacto, declarado inconstitucional en 2017 por la misma instancia, pero sin cumplir el fallo correspondiente.
Ahora López deberá verificar que la demanda cumple con todas las formalidades legales exigidas por el Código Judicial y deberá trasladar al procurador de la Administración, Rigoberto González, para que emita su concepto.
González tiene un plazo de hasta 10 días hábiles para emitir su opinión ante los magistrados de la CSJ, según las normas.
Esta demanda es la quinta presentada ante el Supremo que señalan que la Ley 406, suscrita por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, el pasado viernes de manera maratónica viola varios artículos de la Constitución al otorgar a la filial de la trasnacional canadiense First Quantum facultades para disponer de tierras, aguas y vida silvestre.
En la jornada también se conoció que la Coordinadora de Transporte de Carga Terrestre anunció que debido a las condiciones de inseguridad personal de los colaboradores, bloqueos y cierres de vías intermitentes que impiden el traslado de las personas que trabajan en el sector, así como de la mercancía, se paralizan completamente las operaciones en todo el país.
Además, el gremio otorgó dos días al Ejecutivo para solucionar la actual crisis social.
Por su parte, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap) hizo un llamado a la CSJ a pronunciarse en derecho y en tiempo expedito frente a las demandas presentadas.
También exigió al Ejecutivo decretar cuanto antes una moratoria en el otorgamiento de concesiones mineras tanto de explotación como de exploración, y establecer una fecha para la revisión y el fortalecimiento del Código de Recursos Minerales.
Para esta tarde esta convocada una multitudinaria marcha popular que partirá desde el emblemático parque Belisario Porras, en esta capital, hasta la Presidencia de la República, para exigir la derogatoria del contrato minero, en medio de un férreo operativo policial que cercó las áreas aledañas a la Asamblea Nacional (Parlamento), en el corregimiento Calidonia, por donde debe pasar la caminata.
Luego del mensaje radiotelevisado a la nación de Cortizo, el pasado viernes, se han incrementado las manifestaciones pacíficas, que como regla terminan en enfrentamientos violentos con unidades antimotines que lanzan gases lacrimógenos y pedigones para contener y dispersar los protestantes.
Uno de los voceros de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, que encabeza estas protestas, Saúl Méndez, dijo a Prensa Latina que se mantendrán en las calles hasta derrotar al contrato minero, al tiempo que condenó actos vandálicos perpetrados por infiltrados en las concentraciones, y de los cuales los colectivos patrióticos no son responsables.
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