En conferencia de prensa, el magistrado presidente del TE, Alfredo Juncá, señaló que la solicitud del jefe de Estado implica “un esfuerzo adicional y paralelo” al complejo proceso de organización de las elecciones generales del 5 de mayo de 2024 y para lo cual la institución se prepara desde hace dos años.
Otro punto expresado por el funcionario es que la Corte Suprema de Justicia tiene en estos momentos demandas de inconstitucionalidad en contra de la citada Ley 406 que, de resolverse antes de la fecha, la consulta popular “sería innecesaria”.
Además Juncá sostuvo que la vinculación o no del resultado de dicha consulta y el cumplimiento o no de lo que ella decida, no es competencia del TE, sino del solicitante, en este caso, el presidente Cortizo.
“No existe en la Constitución Política ni en el Código Electoral norma alguna que contemple el tipo de consulta popular solicitada”, remarcó.
Ante la actual crisis social, el pleno del TE exhortó a todas las partes involucradas a dialogar y contribuir con soluciones pacíficas y efectivas que le devuelvan la paz social al país.
Panamá permanece durante varios días consecutivos con cierres viales y protestas en varios puntos del país, sobre todo en la capital, en rechazo al pacto suscrito entre el Ejecutivo y la empresa Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum, lesivo a la soberanía nacional según sus líderes.
Uno de los voceros de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, el dirigente del sindicato de los Trabajadores de la Construcción, Saúl Méndez, dijo a Prensa Latina que la decisión de los colectivos es mantenerse en las calles hasta que se revoque el leonino contrato.
“En esta ocasión, dijo, no habrá mesa de diálogo. La exigencia del pueblo es clara: derogar la Ley vendepatria que permite el robo de recursos naturales”, remarcó.
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