Bolsonaro enfrenta una investigación por esa arbitrariedad e ilícita conducta durante las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia del 7 de septiembre de 2022.
Por el momento, tres ministros votaron en el caso que se hace extensivo hasta el general de la reserva Walter Braga Netto, candidato a vice en la fórmula del exmandatario.
Los tres pareceres presentados el 26 de octubre resultaron diferentes. Dos de los magistrados propusieron la condena del exgobernante (2019-2022).
El ponente Benedito Gonçalves votó por la sanción y la inelegibilidad de ocho años, y el pago de una multa de 425 mil 600 reales (unos 85 mil dólares) por parte del político ultraderechista.
Sin embargo, Gonçalves rechazó condenar a Braga Netto a la inelegibilidad, pero estuvo de acuerdo con aplicar un correctivo de 212 mil 800 reales (alrededor de 42 mil 500 dólares).
Raúl Araújo, segundo juez en votar, rechazó las dos acciones.
El letrado Floriano Marques, el tercero en posicionarse, defendió la condena de Bolsonaro y Braga Netto a la inelegibilidad durante ocho años.
También acompañó a Gonçalves en el valor de las multas a ser aplicadas.
Los ministros discuten si el ex jefe de Estado utilizó la estructura oficial de la fiesta del Bicentenario de la Independencia para realizar un acto de campaña, con la finalidad de reelegirse.
El 7 de septiembre del año pasado, el entonces presidente asistió al desfile oficial en la Explanada de los Ministerios en Brasilia y luego subió a un camión con sonido, que estaba a pocos metros de distancia y realizó un discurso de carácter electoral.
Más tarde, Bolsonaro se dirigió a Río de Janeiro y asistió a una presentación del Ejército y la Fuerza Aérea en la playa de Copacabana. En el mismo lugar, hizo un nuevo discurso con contenido de campaña.
En su informe, Gonçalves consideró que la cruzada proselitista electoral se mezcló con la utilización de la máquina pública.
Señaló que el hecho resultó una «captura de la fecha cívica», lo que habría llevado a un daño incalculable.
En junio, Bolsonaro fue condenado por el TSE a la inelegibilidad por ocho años (hasta 2030) por la realización de una reunión con embajadores extranjeros en julio de 2022 en el Palacio de la Alvorada (residencia oficial de la Presidencia) en la cual cuestionó, sin pruebas, las urnas electrónicas.
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