El conflicto quedó declarado con la decisión de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima de conceder la medida cautelar planteada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que se suspenda las acusaciones contra sus integrantes y el procedimiento parlamentario de destitución.
El dictamen fue emitido horas antes de una sesión parlamentaria convocada para tratar el caso y eventualmente aprobar la destitución de los miembros de la JNJ, Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Luz Tello, Antonio De la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry, imputados de supuestas faltas graves.
El fallo argumenta el principio jurídico de que “no se puede atribuir a ninguna persona la la comisión de una falta si esta no está previamente determinada en la ley, y también prohíbe que se pueda aplicar una sanción si esta no está especificada por la ley”.
El Congreso de la República ante ello opone el argumento de que ha ejercido el poder que se atrubuye, de determinar qué actitud o comportamiento de los miembros de la Junta es falta grave y sancionarla.
El presidente del parlamento unicameral, Alejandro Soto, rechazó el dictamen e invocó un fallo del Tribunal Constitucional que prohíbe cualquier interferencia en las decisiones del órgano legislativo, por lo que continuará el proceso a los magistrados.
La junta de portavoces de las bancadas del Congreso acordó a su vez continuar tratando el tema pese a la medida judicial.
El abogado de los integrantes de la JNJ, Samuel Abad, informó que esta acata la decisión judicial y sus integrantes no comparecerán a una sesión parlamentaria a la que fueron citados para ejercer su defensa.
Refutó el argumento de Soto y precisó que el Tribunal Constitucional también ha señalado que el Congreso no está al margen de control y recordó que el Legislativo pidió y obtuvo que el TC determine que las denuncias contra el Legislativo las traten las salas constitucionales de cortes superiores regionales como la que dictó la medida cautelar a favor de la Junta.
Abad sostuvo que el afan de la mayoría congresional de destituir a sus defendidos hace “volver al pasado, cuando se podía destituir magistrados por cualquier caso”, alusión al Gobierno de mano dura de Alberto Fujimori, preso por crímenes de lesa humanidad.
Se refirió así a que la destitución de la JNJ es impulsada por una coalición de derecha extrema y centro, cuyo principal integrante es Fuerza Popular, partido de Keiko Fujimori, hija del exgobernante.
El objetivo de la destitución proyectada, anotó, es someter a la JNJ para controlar la designación de jueces y fiscales y al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y avanzar a la designación de nuevos integrantes del Jurado Nacional de Elecciones.
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