Según un comunicado presidencial difundido aquí, el mandatario orientó el despliegue de tres mil soldados para trabajar de conjunto con el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) para prevenir y combatir la delincuencia y mantener y preservar la ley y el orden, en el marco de la llamada Operación Prosper.
Ésta, enfocada en el combate de la minería ilegal se realiza desde el pasado 28 de octubre y deberá culminar el 28 de abril de 2024.
Los gastos autorizados para ello por el decreto presidencial ascienden a algo más de 492 millones de rands (unos 26 millones de dólares al cambio actual).
La disposición de Ramaphosa fue hecha pública a partir de una carta dirigida al Presidente del Consejo Nacional de Provincias (NCOP), Amos Masondo.
La minería ilegal en Sudáfrica ha sido motivo recientemente de disputas criminales, en las que han resultado afectados ciudadanos que nada tenían que ver con esa actividad, y que solamente Vivian en las cercanías de los pozos de excavación clandestinos.
En un país marcado por sus abundantes recursos minerales, entre ellos diamantes y metales del grupo del Platino (incluido el oro), la minería ilegal genera pérdidas millonarias al Estado, y contribuye a crear un clima de inseguridad que afecta las inversiones foráneas en el sector.
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