Ese monto representa casi el 90 por ciento del tamaño de la economía de esta nación centroamericana, según los datos del Ministerio de Hacienda sobre las obligaciones adquiridas por el Gobierno central y sus empresas.
El cierre del pasado 29 de enero mostró que 2020 terminó con una deuda de 22 mil 625,53 millones de dólares, como consecuencia del incremento del gasto estatal para responder a la pandemia de Covid-19.
Varios tanques pensantes de El Salvador alertaron que la deuda pública crecerá aun más en 2021, hasta rondar el 94 por ciento del Producto Interno Bruto de este país, altamente dependiente de las remesas de su diáspora.
Según reseña del diario El Mundo, la emergencia sanitaria encontró a las finanzas públicas salvadoreñas en una situación ya crítica y con poco margen fiscal para responder.
La Asamblea Legislativa autorizó al gobierno del presidente, Nayib Bukele, a adquirir una deuda pública de hasta tres mil millones de dólares, aunque los diputados se negaron a aprobar más préstamos.
A su vez, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) detectó en un análisis socioeconómico que el 65.4 por ciento de la deuda contratada entre 2000 y 2019 es ilegítima y de cierta manera viola la Constitución.
La UCA recordó que tanto la Carta Magna como las resoluciones de la Sala de lo Constitucional establecen que la deuda pública debe ser usada para inversión y no para gasto ordinario.
Sin embargo, durante los últimos años el Ejecutivo echó mano a estos compromisos para satisfacer las necesidades de caja del Gobierno.
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