Esos actos protagonizados por los golpistas entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 fueron entonces muy visibles, declaró la directora del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), Nadeshda Guevara.
‘Las autoridades de facto actuaron como las dictaduras militares del Plan Cóndor, que utilizaban el terror para acallar cualquier movimiento’, añadió.
La directiva recordó que aquel Ejecutivo practicó detenciones ilegales con todo tipo de imputaciones, bajo el criterio de asumir al ciudadano ‘como enemigo que va en contra de las ideas políticas del gobierno del momento’.
Guevara reveló una lista del Sepret con los casos de 180 personas ‘en evaluación bajo el protocolo de Estambul para determinar las secuelas psicológicas y físicas de la tortura’.
Según la experta, ese recurso internacional consta de una serie de elementos y estándares sobre derechos humanos internacionales que permiten demostrar científicamente si esas personas fueron torturadas.
‘Pero puede ser, sin embargo –admitió- que muchos no quieran denunciar, precisamente por miedo, o por las secuelas de las torturas, o porque estas transformaron su vida’.
Guevara recordó que varios organismos internacionales verificaron la ocurrencia de aquellos hechos de violación de los derechos humanos de los bolivianos durante el régimen de facto.
De acuerdo con la especialista, las víctimas eran acusadas por delitos que hoy carecen de elementos para probar su existencia o ejecución por los presuntos autores, sometidos entonces a graves suplicios.
Este patrón se repite en la historia a causa de la dominación oficial contra los movimientos populares, por lo que es importante retornar al compromiso de la no repetición de tales hechos, opinó la directora del Sepret.
‘Cuando el Estado asume ese compromiso -explicó al respecto- los gobiernos están obligados a asumir que no pueden tomar el poder por la vía violenta y por la fuerza’.
La experta recordó que los primeros antecedentes de la proclamación en 1997 por la ONU del 26 de junio como Día Internacional de Apoyo de las Víctimas de la Tortura surgieron tras la Segunda Guerra Mundial.
‘A partir de la vigencia desde entonces de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la tortura se constituyó como un crimen de lesa humanidad’, expresó.
Bolivia creó en 2013 el Sepret como institución descentralizada bajo la dirección del Ministerio de Justicia para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.
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