En un documento divulgado este miércoles, la instancia estatal aseguró que Cassy hizo todo lo posible para eludir la obligación de declarar bienes durante 2006 y 2015, cuando ocupó el cargo de legislador, y también en el puesto de asesor del Primer Ministro.
La ley exige que los parlamentarios hagan su declaración patrimonial en un plazo de 90 días, pero hasta el final de su mandato, el exsenador incumplió esta formalidad, de acuerdo con la ULCC
Solo en 2022, cuando concluyó su segundo mandato, declaró los bienes y la ULCC encontró inexactitudes como el número de cuentas bancarias, automóviles y otras propiedades.
La pesquisa también determinó que, en comparación con los ingresos legítimos del exsenador y su esposa, el patrimonio de esta última aumentó “desproporcionadamente” durante el ejercicio 2016-2017, lo cual no pudo ser explicado por el exlegislador.
Además, señaló que se realizaron importantes transacciones en las cuentas bancarias de los cónyuges y los movimientos de las cuentas reflejaron aumentos considerables.
Durante el período 2016-2017, el patrimonio del exsenador sufrió una variación al alza del orden de unos 28 millones 25 mil 470 setenta gourdes (poco más de 452 mil dólares, al cambio de entonces), un aumento exponencial del 277 por ciento.
Ante las incongruencias, la entidad solicitó que se emprenda una acción pública contra el exsenador, concluyó el documento.
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