La Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ya admitió la décima querella presentada contra la normativa, convocó a una reunión plenaria para el próximo 24 de noviembre para emitir su decisión sobre dos de las demandas previamente introducidas.
Según informó el secretario general encargado de la entidad judicial, Manuel José Calvo, el ente consideró la mejor forma de atender las querellas de inconstitucionalidad que fueron sometidas a la consideración del órgano de justicia a finales del mes pasado.
“Debemos reiterar que es un compromiso de la Corte Suprema de Justicia dar prioridad a las causas planteadas sobre la constitucionalidad o no de la Ley 406, del 20 de octubre de 2023, y así lo ha asumido trabajando de forma permanente en el análisis constitucional y convencional con la dedicación, seriedad y acuciosidad que las demandas planteadas requieren”, indicó.
En tanto, estudiantes de la Universidad de Panamá dieron a conocer a través de una carta que realizarán una marcha hacia el CSJ para exigir “el fallo de inconstitucionalidad” del contrato del Estado y Minera Panamá, el próximo miércoles 22 de noviembre.
Se aprobó la marcha universitaria pacífica hacia la Corte para exigir el fallo de inconstitucionalidad de la ley 406 del contrato minero, señaló la información difundida.
El anuncio siguió a una jornada en la que las manifestaciones se registraron en varias regiones, y cuando en esta capital hubo al menos 12 puntos cerrados y en algunas zonas se reportaron enfrentamientos.
Según un reporte del diario La Estrella de Panamá, hubo protestas y cierres de calles durante la víspera en Veraguas, Chiriquí, Colón y Azuero.
El presidente de la nación, Laurentino Cortizo, declaró por su parte que acatará el fallo que emita la Corte Suprema de Justicia ante las demandas de Inconstitucionalidad de la Ley 406.
En la medida en que hoy respetemos nuestra institucionalidad, tendremos los argumentos necesarios para proteger y defender el país, que pertenece a esta y futuras generaciones, aseguró el mandatario en cadena nacional.
Afirmó que siete concesiones mineras fueron canceladas por el Ministerio de Comercio e Industrias, luego de la sanción de la Ley 407, que prohíbe la minería metálica en todo el territorio nacional.
“Como gobierno que escucha a todos, en relación a la solicitud de derogatoria de la Ley 406 presentada al Ejecutivo el 9 de noviembre por grupos organizados, hemos formulado una consulta al procurador General de la Administración sobre la viabilidad jurídica de dicha solicitud”, aseveró.
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