“Como Ministerio de Economía y proyectistas, hemos enviado una nota a la ALP para que se retiren los dos artículos observados con el objetivo de viabilizar su aprobación”, aseguró este martes en conferencia de prensa el ministro de Economía Marcelo Montenegro.
El presidente del órgano legislativo, David Choquehuanca, convocó la sesión de la ALP para este martes a las 15:00, hora local, con el objetivo de reconsiderar la propuesta rechazada por mayoría en una primera instancia.
“¿Por qué estamos haciendo esto?, porque estamos evidenciando que muchas de las entidades subnacionales, como las alcaldías, gobernaciones y universidades, dejaron de pagar sus obligaciones, como el desayuno escolar, programas de salud, pagos en educación y salarios”, explicó Montenegro.
Añadió el titular que la no aprobación de la normativa y la prorrogación de su tratamiento pone en riesgo la inversión pública y el cierre del año de las estructuras administrativas territoriales y las universidades.
El artículo seis se refiere al intercambio de información entre todas las autoridades fiscalizadoras de los distintos sectores de la economía y grupos económicos, con el objetivo de transparentar las actividades financieras y que no ocurran escándalos como el del exbanco Fassil.
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) confirmó en mayo último que más de 50 empresarios de Santa Cruz accedieron de forma ilegal a “créditos vinculados”, por cuatro mil millones de bolivianos (600 millones de dólares) y lo desviaron al Santa Cruz Financial Group entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021.
Según el informe de la UIF, esa élite recibió ese beneficio a partir del dinero de los ahorristas y desviaron la cartera crediticia del Banco Fassil a la Cuenta número 324531 caja de ahorro en moneda nacional a nombre del Santa Cruz Financial Group.
Los “créditos vinculados” son los otorgados a las personas naturales o jurídicas relacionadas directamente con la administración o en forma directa o indirecta con la propiedad de la institución financiera.
Sobre el artículo siete del proyecto, Montenegro explicó que otorga una especie de “inmunidad” a aquellos sujetos obligados a la hora de brindar información sobre actividades financieras, en el ámbito de luchar contra la corrupción y la legitimación de ganancias ilícitas.
“Este punto fue altamente cuestionado y puso nerviosos a muchos, por eso hemos enviado una nota para pedir que se retiren estos dos artículos y se viabilice la aprobación del presupuesto reformulado”, concluyó el ministro.
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