El sondeo de la empresa CPI, de nivel nacional, verificó una desaprobación masiva a la mandataria, de 84,3 por ciento, que en las regiones andinas del centro y el sur del país llega a 91,9 por ciento y en la conservadora Lima a 76,9. Solo la aprueban 9,6 por ciento.
Entre los motivos de los encuestados para desaprobar a Boluarte, el primero es considerar que su gestión gubernamental es mala o no hace nada por el país y la segunda causa es que no hay control de la delincuencia (17,8 por ciento).
Otros motivos plantean que bajo su gobierno creció la pobreza (9,5 por ciento), que la presidenta no está capacitada para el cargo (9,4), que no fue elegida y el pueblo no votó por ella (7,4) y que se le percibe como corrupta.
El argumento de que no fue elegida alude al hecho de que Boluarte era vicepresidenta y reemplazó al destituido gobernante Pedro Castillo, en diciembre de 2021 y desde entonces no ha tenido cifras positivas en las encuestas y su ascenso al cargo desató grandes protestas durante las cuales murieron unas 67 personas.
El Congreso de mayoría conservadora, por su parte, tiene una desaprobación, según CPI, de 90,8 por ciento y solo lo aprueban 5,2 por ciento de encuestados, aunque su rechazo es menor que el de Boluarte.
La encuesta se publica cuando la mandataria es objeto de duras críticas por demandar al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) el pago de 429 mil soles (aproximadamente 113 mil dólares) como indemnización por su retiro como funcionaria de ese organismo, antes de ser vicepresidenta.
El parlamentario de izquierda Flavio Cruz comentó que la presidenta usa su poder para beneficiarse, al plantear la demanda a un organismo que está sujeto a su autoridad”
“Ella debería guardar alguna compostura ética por ser la mandataria”, dijo y calificó la demanda como vergonzosa.
La legisladora Kelly Portalatino, también izquierdista, declaró que es triste que la mandataria no sea consciente de la situación de crisis socioeconómica del país.
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, defendió la actitud de Boluarte al señalar que no ha incurrido en ninguna irregularidad, no ha pretendido influir a los jueces para que fallen a su favor y está ejerciendo sus derechos laborales, que no caducan por el hecho de que sea presidenta.
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