El reclamo fue planteado por las familias de 32 de los 50 caídos durante las manifestaciones iniciadas tras asumir la gobernante el cargo el 7 de diciembre de 2022, ante la lentitud de las pesquisas del Ministerio Público, que presentan escasos avances pese a que ha pasado casi un año del inicio de aquellas demostraciones sociales.
Manifestaron indignación por la demora en esclarecer las 31 muertes registradas en Puno (22) y Ayacucho (10). Las restantes víctimas cayeron en las regiones de Apurímac (7), Arequipa (5) y La Libertad (5) y un herido murió meses después.
Según los dolientes, el Ministerio Público entorpece la justicia, pues reemplazó a los fiscales a cargo del caso por otros ajenos al mismo y sin especialidad en derechos humanos.
En ese sentido, Rosa Luque, una madre de la localidad de Puno, donde perdió a un hijo, calificó al Gobierno como dictador y genocida y llamó a la participación en las protestas programadas para el 7 de diciembre.
Por su parte, el dirigente de la Coordinadora Nacional de Lucha integrada por organizaciones sociales y políticas, Lucio Calla, confirmó que la jornada de protesta exigirá el castigo para los responsables y autores directos de las muertes.
También demandará elecciones generales adelantadas, presidencial y parlamentarias, una Asamblea Constituyente y la libertad de los detenidos desde hace un año por participar en las manifestaciones.
De otro lado, el abogado David Velazco Rondón, director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), denunció que el Equipo Especial encargado de investigar las muertes se niega a incluir la muerte del campesino aymara Manuel Quilla, de Puno, el fallecido número 50.
Explicó que Quilla, murió tras ser detenido en Lima, sin que se reporte su captura, cuando participaba en una marcha opositora, el 15 de marzo de este año y apareció días después con evidencias de tortura, pero es investigado por otra fiscalía y no por el equipo citado.
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