Entre los diversos partidos, el izquierdista Nuevo Perú fijó una posición drástica al plantear, en un comunicado, ante la descomposición y podredumbre de las instituciones, nuevos comicios generales y un proceso constituyente.
Consideró probado que “una coalición mafiosa, autoritaria y conservadora ha usurpado el poder y capturado la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, y pretenden continuar con la Junta Nacional de Justicia para terminar de capturar el Sistema de Justicia y el Sistema Electoral”.
En un comunicado público, ubica en ese marco la operación del equipo de fiscales anticorrupción que señala a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como jefa de una organización criminal que involucra a parlamentarios de diversas bancadas.
Señala que la fiscal y los grupos congresales dieron sus votos para asegurar la permanencia de Benavides en el cargo, y a cambio se beneficiaron con impunidades en procesos por corrupción.
“Ante la putrefacción y el desmoronamiento de unas instituciones caducas, corresponde no solo un cambio de figuras sino cambios de fondo. Por eso, debemos exigir que se vayan todos, que el pueblo soberano elija a sus gobernantes y sobre todo, que se abra paso a un proceso constituyente”, agrega.
Por su parte, el partido derechista Fuerza Popular, difundió un comunicado sobre las denuncias contra Benavides y la de esta contra la presidenta Dina Boluarte por muertes durante protestas sociales opositoras.
Señaló que ambos casos deben ser tratados por el Parlamento conforme a ley y que en el caso de Boluarte, Fuerza Popular “tomará una decisión en su oportunidad sobre la base de hechos objetivos y respetando las reglas del debido proceso”.
Ante las investigaciones del caso Benavides, expresa que “exigimos investigaciones céleres pero sin sesgos de ningún tipo”.
Sostiene al mismo a tiempo que son legales la destitución de la antecesora de Benavides, Zoraida Ávalos, y la elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ambos, según la denuncia de los fiscales anticorrupción, mediante la concertación ilegal entre Benavides y los legisladores involucrados.
Congresistas de Fuerza Popular y sus aliados, Renovación Popular y Avanza País coincidieron en sostener que no hay ningún delito en los diálogos por mensajería por Internet y audios que prueban, según la Fiscalía, el intercambio de favores y manifestaron desacuerdo con la denuncia de Benavides contra la presidenta.
El tercer vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, negó que su bancada, del partido izquierdista Perú Libre, esté involucrado en los tratos con la fiscal, aunque varios de sus integrantes votaron junto a los que la respaldaron.
jha/mrs
