En una visita a la norteña ciudad portuaria de Chimbote, la mandataria respondió así a una pregunta de la prensa sobre si Benavides debe renunciar, pues los fiscales la consideran jefa de una organización delictiva dedicada al tráfico de influencias.
Ante el grave señalamiento, en un mensaje de video la funcionaria acusada intentó desacreditar la imputación y anunció una denuncia contra Boluarte, su primer ministro, Alberto Otárola, y sus tres exministros del Interior, por muertes durante protestas sociales.
La mandataria respondió en otro mensaje que la forzada denuncia tiene como objetivo distraer a la opinión pública de la acusación que afronta, criterio compartido inclusive por opositores de izquierda a la mandataria que la consideran responsable de las muertes.
La jefa de Estado se abstuvo de más comentarios, en medio de múltiples reclamos de que la fiscal renuncie o sea retirada, tras la detención de sus tres asesores que, según la pesquisa, gestionaban indebidamente votos de parlamentarios a favor de decisiones convenientes para la permanencia de Benavides en el cargo.
Esos arreglos indebidos, a decir de los fiscales, incluyeron intercambios de votos por el archivo de investigaciones del Ministerio Público a a legisladores por presunta corrupción u otras causas.
Parlamentarios de diversas tendencias opinaron también que Benavides debe renunciar o al menos pedir licencia mientras es investigada, pero ella se niega rotundamente.
Mientras continúan las pesquisas, la Junta Nacional de Justicia, que designa y retira jueces y fiscales, abrió a Benavides un proceso disciplinario que puede derivar en su suspensión.
La Comisión congresal de Fiscalización la citó además para mañana, para que informe sobre la imputación de que encabeza una red criminal.
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