“El abogado defensor, el procurador del Poder Judicial y las autoridades administrativas han sido notificados, y se espera que (un juez), proceda con la cancelación de la condena”, dijo Morales.
Agregó que lo anunciado anoche por la corte debe ser acatado por el Poder Judicial y el Estado y, preguntado sobre la posibilidad de que nadie ejecute el fallo, indicó que quienes incumplan incurrirán en un delito y serán objeto de denuncias penales y políticas.
Sin embargo, el abogado de la parte civil en el juicio a Fujimori como autor mediato de dos matanzas y otras violaciones de derechos humanos, Carlos Rivera, cuestionó lo dicho por Morales y preguntó por qué, si el dictamen del TC ordena la libertad del exgobernante, no lo dijo expresamente.
“Cualquier resolución de libertad debe decir claramente que se ordena salga libre el presdo, con nombre y apellido, lo que el TC no ha hecho y solo se ha negado a hacer aclaraciones al fallo de 2022 pedidas, en un dictamen ambiguo”, agregó.
Señalo que la ambigüedad tiene como objetivo dejar la responsabilidad de ejecutar el polémico indulto en manos de un juez y abrir una brecha a las presiones políticas a favor del exgobernante.
Sobre la posibilidad cercana de que Fujimori sea liberado, Rivera dijo que, como en 2022, volverá a apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y aseguró que esta volverá a bloquear el indulto y el exmandatario tendrá que volver otra vez a prisión.
El indulto fue decretado en diciembre de 2017 por el gobierno neoliberal de Pedro Pablo Kuczynsky y anulado meses después por el Poder Judicial por ilegal, y Fujimori volvió a la cárcel exclusiva que lo alberga desde hace 16 años.
En marzo de 2022 el TC resucitó el indulto al declararlo válido, pero la CIDH dictaminó que el Estado peruano se abstenga de excarcelar al reo mientras no cumpla las condiciones establecidas.
Fujimori cumple una condena de 25 años de cárcel como autor mediato de dos matanzas de civiles inermes y tiene pendiente otro juicio por hechos similares.
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