El magistrado de la sureña ciudad de Ica Vicente Fernández tiene el caso porque allí se presentado en 2022 un recurso a favor de Fujimori condenado a prisión por delitos que califican como crímenes de Estado, como la autoría mediata de dos matanzas de civiles inermes.
Una televisora limeña informó que Fernández fue sancionado por disponer en 2021 la libertad del peligroso delincuente Pedro Manzanilla, integrante de la organización criminal denominada “La Gran Sangre”.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) investigó el caso y determinó que era una falta grave, aunque no lo destituyó y solo fue suspendido por seis meses, pero apeló, lo que está en proceso.
El antecedente “añade una capa de complejidad a la decisión pendiente respecto a la posible excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, cuyo destino está en manos de Fernández”, comentó el canal N de noticias de cable.
El magistrado, entretanto, revisa el polémico dictamen del Tribunal Constitucional que no dispone explícitamente la excarcelación del exgobernante de 85 años y solo descarta por motivos formales y no de fondo dos pedidos de aclaración de la sentencia del TC de 2022 que ordenó liberar al preso.
Sin embargo, el presidente del TC, Francisco Morales, sostiene que, al no hacer ninguna precisión sobre el fallo, este sigue vigente y debe ejecutarse en forma inmediata, lo que presiona al juez Fernández, a quien un abogado afín al exgobernante denunció judicialmente la semana porque no procedió con mayor celeridad.
Sobre el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 2022 dispuso que el Estado peruano, adscrito a esa se abstenga de liberar al preso, Morales dijo que ese tribunal “a veces se excede” y sus fallos no siempre se cumplen.
También coincidió con los seguidores de Fujimori y sus aliados, en que el TC, que validó en 2022 un indulto decretado en 2017 y anulado por el Poder Judicial por ilegalidad, es la máxima instancia nacional y la CIDH no puede sobreponerse a la corte peruana.
Quienes está conformes con la libertad de Fujimori alegan además su edad avanzada y sus quebrantos de salud, por los que cuenta en prisión con atención inmediata y es trasladado a hospitales cuando lo requiere.
Las organizaciones de derechos humanos, los partidos progresistas y otros sectores argumentan que los delitos de lesa humanidad, aunque no estén tipificados como tales, no son pasibles de indulto, y exigen que Fujimori pida perdón por sus crímenes y cumpla otros requisitos para poder recibir un indulto humanitario.
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