El lunes, de madrugada, un pequeño ejército de policías allanaba domicilios y oficinas, privadas y oficiales y detenía a tres asesores de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El principal, Jaime Castillo, quien podría colaborar con la Fiscalía inculpándola.
Culminaban, según trascendió, seis meses de investigación secreta del Equipo de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Efccp) y la unidad policial a su cargo, reforzada por una de élite anticorrupción y un grupo de inteligencia antinarcóticos.
El Efccp -paradójicamente creado por Benavides en julio de 2022 para investigar al entonces presidente Pedro Castillo-, hizo pública parte de las evidencias obtenidas contra lo que calificó como una presunta organización criminal encabezada por Benavides, casi al mismo tiempo que esta destituía a la jefa del equipo, Marita Barreto.
La red, según las pesquisas, se dedicaba al tráfico de influencias, al buscar en secreto votos de congresistas convenientes para la consolidación de Benavides en el cargo, como la destitución de su antecesora, la fiscal suprema Zoraida Ávalos, y el nombramiento del nuevo defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.
Un diario de derecha extrema sostuvo que la operación el lunes último fue una maniobra del Gobierno para neutralizar una inminente denuncia de Benavides contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes en la represión de grandes protestas en su contra .
Esa versión se apoya en el hecho de que, al día siguiente de la llamada “Operación Valkiria V”, la fiscal denunció a Boluarte por el citado tema y lo anunció en un mensaje televisivo en el que calificó la ofensiva de la Efccp como operación adversaria sin sustento.
La mandataria respondió que la denuncia era una maniobra distractiva que Benavides anunció pese a que la semana previa amplió por ocho meses las pesquisas previas a una denuncia.
Por su parte, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que nombra, evalúa y destituye a jueces y fiscales, abrió un proceso disciplinario sumario a la fiscal de la Nación que culminará el 6 de diciembre, posiblemente con una suspensión por seis meses y la afectada apeló a un recurso judicial para bloquear el procedimiento.
En pleno escándalo, el Tribunal Constitucional anunció ayer un complejo y ambiguo dictamen que descarta un pedido de aclaraciones a una sentencia del TC que en 2022 reactivó un indulto otorgado a Fujimori por el presidente neoliberal Pedro Pablo Kuczynski en 2017, que el Poder Judicial declaró ilegal.
La nueva resolución indicaba que, por tanto, aquel fallo quedaba vigente, lo que podía interpretarse como luz verde para que Fujimori, condenado a 25 años por delitos que de lesa humanidad, podía salir libre, lo que desató presiones familiares, mediáticas y familiares que exigían la inmediata excarcelación del preso.
En consecuencia, el TC ordenó al juez Vicente Fernández, quien había rechazado el habeas corpus origen del confuso proceso, con la instrucción de que “actúe en uso de sus atribuciones”, lo que el juez declaró improcedente, entre otras razones, porque según una reciente reforma legal, la atención al recurso corresponde a la instancia que lo valide, o sea, el TC.
Fue una semana negativa para los Fujimori, pues el Poder Judicial, ayer mismo, ordenó iniciar el juicio a Keiko, hija del exgobernante, por lavado de activos con fondos electorales recibidos ocultamente, obstaculización a la justicia y falsificación, por los que la Fiscalía ha pedido para ella 30 años y 10 meses de prisión.
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