El titular del Interior, Víctor Torres, informó durante la visita que han llegado a la provincia norteña de Pataz 173 policías, en su mayoría de las unidad de Operaciones Especiales y agentes especializados en investigación de crímenes.
Añadió que ese contingente dará tranquilidad a la provincia y a la empresa Poderosa, la más importante productora de oro del país, y la dotación de uniformados se incrementará para mantener la situación bajo control.
Aseveró que “no descansaremos hasta encontrar a los delincuentes” que asesinaron con explosivos a diez trabajadores y agentes de seguridad privada y causaron una veintena de heridos de diversas gravedad.
Preguntado sobre la posbilidad de que se sumen las Fuerzas Armadas, Torres dijo que su concurso se está gestionando. La provincia fue puesta en estado de emergencia, lo que permite apelar a la intervención militar.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, afirmó que “se van a hacer acciones muy radicales a fin de contrarrestar y llegar a dar con quienes han dado muerte a los trabajadores”.
En Lima, el primer ministro, Alberto Otárola, condenó el atentado del sábado último y ratificó que el Gobierno creó una comisión multisectorial para la legalización de la minería ilegal, penetrada por la delincuencia.
El gerente de Asuntos Corporativos de la empresa Poderosa, Pablo de la Flor, declaró a su vez que la minería ilegal se ha convertido en la primera fuente de recursos ilícitos, en lo que supera al narcotráfico, pues genera cuatro mil millones de dólares anuales.
Ese dinero, agregó, sirve “para comprar voluntades, penetrar el sistema político y lograr impunidad” y refirió que en Pataz los criminales comenzaron como fuerza de seguridad de mineros ilegales y han logrado una relación de compliciad con estos y en algunos casos los han desplazado.
En la provincia norteña, según dijo, la minaría ilegal ha producido 23 mil camiones de mineral de oro, en los últimos tres años, con un valor de dos mil 500 millones de dólares.
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