“Es hora de que respondan por estos actos los que pretenden cortar los derechos de los peruanos”, dijo el primer ministro, Alberto Otárola, tras una sesión del consejo de ministros y de un bloqueo de más de cinco horas de la importante carretera Panamericana, en la sureña región de Ica.
Precisó que serán sentenciados a penas de 10 a 15 años de cárcel quienes afecten las vías terrestres, marítimas y fluviales; la infraestructura portuaria, de energía, de hidrocarburos, ferroviaria y aeroportuaria, así como los servicios de agua, saneamiento y salud, entre otros.
La reforma, que entrará en vigencia mañana, establece una pena de ocho a 10 años de prisión para los casos de daño grave de recursos, infraestructura y sistemas esenciales de los servicios públicos.
Cualquier colaboración voluntaria con las actividades que facilite “las actividades de los agentes del delito de disturbios” podrá ser condenada con 6 años de encierro.
Sobre los incidentes, con un saldo de dos heridos, registrados esta madrugada durante un bloqueo de la importante carretera Panamericana Sur, destacó el despeje policial de la ruta y aseguró que así se impedirá acciones similares.
El bloqueo se realizó en el llamado Barrio Chino de la región de Ica, escenario de un prolongado cierre por manifestantes durante las protestas sociales contra el ascenso al cargo de la presidenta Dina Boluarte, entre diciembre de 2022 y marzo del presente año.
El ministro de Defensa, Jorge Chávez, dijo que no se prevé declarar el estado de emergencia, aunque tampoco lo descartó, ante el anuncio del Comité Nacional Unitario de Lucha (CNUL), de organizaciones sociales y políticas y de nivel nacional.
Agregó que es posible que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en puntos claves como el Barrio Chino de Ica, la zona de Chao-Virú, en la región norteña de La Libertad y diversos lugares de Lima.
Opinó que las manifestaciones no tendrán las protestas de diciembre a marzo pasados, que fueron controladas al costo de 50 muertos en desórdenes.
Las marchas programadas para los días 7, 8 y 9 de diciembre exigirán nuevas y prontas elecciones adelantadas presidencial y legislativas, entre otros reclamos.
jha/mrs
