La orden fue dictada después que el juez Vicente Fernández, de la sureña ciudad de Ica, que debía ejecutar un ambiguo dictamen emitido el 30 de noviembre último, se negó a hacerlo por carecer de atribuciones y porque la justicia supranacional ordenó al Estado peruano abstenerse de liberar al preso.
El TC agregó un llamado de atención a Fernández y una exhortación “a poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias”.
La máxima corte del país tiene siete escaños, pero uno de ellos está vacante y por tanto funciona con solo seis, de los cuales solo tres firmaron la resolución.
Juristas consultados señalaron que ante un empate de votos 3–3, dirime el presidente del tribunal Francisco Morales, quien figura entre los firmantes del fallo.
Esa ajustada mayoría desafió el dictamen de la justicia supranacional, que dispuso que el Estado peruano se abstenga de ejecutar la decisión original del TC de activar en 2022 el indulto a Fujimori, concedido en diciembre de 2017 por el gobernante neoliberal Pedro Pablo Kuczynski y anulado por el Poder Judicial por ilegalidad.
El expresidente, condenado por crímenes de lesa humanidad como autor de dos matanzas, volvió a la cárcel y poco después un hábeas corpus pidió que se hiciera efectivo el indulto a lo que el TC, con una composición de jueces nombrados por el Congreso conservador, lo acogió y declaró vigente el fallo del anterior TC.
Los expresidentes del tribunal Carlos Mesía, afín al fujimorismo, y Óscar Urviola declararon que al Gobierno no le queda más que acatar el fallo y asumieron que la justicia supranacional no puede prevalecer sobre un fallo del máximo tribunal peruano.
Sin embargo, Carlos Rivera, abogado de las familias de las víctimas de las matanzas por las que fue condenado Fujimori, consideró grave y preocupante la decisión del TC y consideró que el Gobierno, que ha mantenido la posición de aceptar lo que decida la justicia local, debería desacatar la resolución.
Rivera cuestionó la solidez jurídica de la resolución del TC, señaló que “no tiene pies ni cabeza” (carece de coherencia) y dijo que está seguro de que la justicia supranacional ratificará que Fujimori no debe ser indultado, en tanto no cumpla requisitos como el de reconocer sus culpas y arrepentirse, entre otros.
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