Al mismo tiempo, decenas de seguidores de Fujimori permanecieron todo el día frente al presidio para ex altos funcionarios, esperando, sin éxito, poder asistir a la excarcelación del exgobernante.
En la amplia explanada, frente a la sede de los tribunales, se concentraron al anochecer algunos familiares de víctimas, a los que se sumaron otros, así como activistas de derechos humanos y, en general ciudadanos contrarios a la libertad del condenado como autor mediato de dos matanzas y otros crímenes.
Entre los manifestantes estaba la ex ministra de Cultura, Gisela Ortiz, quien calificó como una ofensa a los deudos la orden de libertad inmediata dictada por el Tribunal Constitucional, contra el dictamen de la justicia supranacional que había bloqueado un polémico indulto reactivado pese a que había sido declarado ilegal.
El Gobierno se allanó a la decisión del tribunal, según trascendidos recogidos por diversos medios de prensa tras una reunión entre la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Justicia, Eduardo Arana.
Avanzada la noche, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Javier Calle, anunció que por problemas administrativos que no habían podido solucionarse, la orden de libertad y la consiguiente excarcelación de Fujimori, de 85 años, fue postergada hasta mañana.
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