Al mismo tiempo, la Procuradoría de Delitos de Corrupción recordó que Fujimori tiene pendiente pagar reparación civil por otros casos por los que fue sancionado en 2009.
El exgobernante tiene cuentas pendientes penales y pecuniarias, estas últimas por no haber pagado ni un centavo de las reparaciones ordenadas en la sentencia de 25 años por crímenes de lesa humanidad, corrupción y otros delitos.
La fiscal superior Raquel Cárdenas pidió, ante la excarcelación del exgobernante, cambiar prisión domiciliaria por la orden judicial de libertad condicional impuesta por un juez a Fujimori por el llamado Caso Pativilca, distrito ubicado a 210 kilómetros al norte de Lima.
El proceso está referido al asesinato, tras torturas, de seis dirigentes campesinos en enero de 1992, perpetrado por el destacamento militar Grupo Colina, autor de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por cuya autoría mediata estuvo preso hasta hoy Fujimori.
El inicio del juicio por el caso Pativilca fue fijado por el Poder Judicial para el venidero 18 de diciembre, tras la autorización dada por la justicia chilena, requerida porque el país vecino extraditó al expresidente para su juzgamiento por casos específicos.
En el proceso se incluye al exasesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, condenado también por crímenes de lesa humanidad; el exjefe de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza y el exgeneral Luis Pérez, entre otros.
Fujimori, por otra parte, no ha pagado 420 mil dólares fijados para los herederos de 21 civiles, incluyendo niños y mujeres, asesinados por el Grupo Colina en las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta.
La Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción advirtió que, además, el indultado adeuda 57 millones de soles (15 millones 400 mil dólares), incluidos los intereses por mora de reparación al Estado, ordenada por otros tres casos, uno de allanamiento ilegal y dos de corrupción confesa.
Un comunicado de la Procuraduría precisa que la deuda no ha pedido cobrarse en partes con la incautación del sueldo de Fujimori como expresidente, porque el condenado desistió de cobrarlo. Tampoco tiene registrados a su nombre propiedades que puedan ser embargadas para cobrar la reparación civil.
La declaración advierte que la orden de excarcelación no libera la deuda al exgobernante de 85 años y advierte que el Ministerio Público “debe garantizar la permanencia del procesado en el país”, por tener juicios pendientes de autorización de la justicia chilena.
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