El letrado, Elio Riera, sostuvo que, en su momento, pedirá la nulidad de las sentencias dictadas en 2009 por la Corte Suprema contra Fujimori, por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por un escuadrón de exterminio de sospechosos de terrorismo, por un secuestro agravado y por corrupción.
Pese a que esas condenas fueron ratificadas en todas las instancias y son consideradas ejemplares internacionalmente, sostuvo que Fujimori es inocente del delito de autoría mediata de las masacres -a cuyos autores condecoró y amnistió- y de los delitos cometidos en los otros casos.
De lograr su objetivo, Fujimori no tendrá que pagar reparaciones al Estado por 15 millones 400 mil dólares y a familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos por 420 mil dólares, lo que se ha negado a cumplir alegando insolvencia.
El joven abogado sostuvo además que anulará también las causas pendientes, al parecer alentado por la orden del Tribunal Constitucional, de excarcelar a Fujimori tras revivir un indulto de 2017 declarado ilegal por el Poder Judicial, revalidado por el TC y bloqueado por la justicia supranacional en 2022.
Entre esos procesos, cuyo juzgamiento requiere de autorización de la justicia de Chile, que extraditó a Fujimori en 2007 por casos específicos- figuran el de la esterilización masiva de mujeres pobres e indígenas, sin autorización de las víctimas.
Tambiñen dijo estar seguro que logrará derrotar el pedido de la Fiscalía especializada en derechos humanos, de que se someta a Fujimori a prisión domiciliaria.
El pedido busca garantizar su comparecencia en un juicio por una matanza de seis campesinos en Pativilca, a 210 kilómetros al norte de Lima, por el mismo escuadrón de la muerte culpable de las masacres por las que fue condenado el exgobernante.
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