Se trata del antiguo representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, y del ex secretario regional del ministerio de Vivienda, Carlos Contreras.
Contra ambos pesa la acusación de haber firmado contratos fraudulentos por varios millones de pesos, pagados por el gobierno de Antofagasta sin que nunca se realizaran las labores pactadas, las cuales consistían en construir viviendas para familias desfavorecidas.
Cuando se concretó el convenio Andrade era pareja de la diputada Catalina Pérez, una de las vicepresidentas de la Cámara de Diputados y miembro del partido Revolución Democrática, de la alianza oficialista, y a quien le suspendieron la militancia por estos hechos.
Tras conocerse la noticia la Ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, valoró la captura y dijo que todo avance en esta investigación es un golpe a la corrupción.
Esto tiene que llegar a hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, afirmó.
Agregó que después de meses entregando antecedentes y colaborando con la justicia, es un gran paso de avance lo que hizo el Ministerio Público.
Mientras, Carlos Montes, titular de Vivienda y Urbanismo, la cartera directamente afectada por el caso, calificó la captura de estas dos personas como importante y valiosa, y consideró que la justicia está operando como corresponde.
Como Ministerio, señaló Montes, tratamos de hacer caminar de la mejor manera posible el programa dirigido a las familias hacinadas en campamentos precarios.
De acuerdo con Eric Aedo, jefe de bancada en el congreso de la Democracia Cristiana, nadie sabía de esa asociación ilícita para sacar dinero y aseguró que todavía queda mucho por descubrir.
En Chile es común que el Estado delegue en corporaciones, fundaciones y otro tipo de organizaciones privadas algunas de las funciones que le corresponden en servicios como salud, educación, vivienda, transporte y cultura.
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