Borda compareció ante la fiscalía para declarar como parte del caso Golpe de Estado, investigación sobre los sucesos que rompieron con el orden democrático en el país en noviembre de 2019.
Entonces líder de los diputados de la ALP (parlamento bicameral), destacó que en ningún momento él o sus correligionarios dieron su apoyo a un gobierno emergido de la asonada organizada por la derecha política, y apoyada por policías y militares amotinados.
En cambio, reconoció la ampliación del mandato del gobierno de facto y el poder legislativo con el objetivo de convocar a nuevas elecciones en 2020.
La ALP aprobó a inicios de ese año, entonces con mayoría absoluta del Movimiento al Socialismo (fuerza política defenestrada por el golpismo) la ley de prórroga de mandato que estaría vigente hasta la instauración de las autoridades electas para el periodo 2020-2025.
Sin embargo, Borda no reconoció a Áñez al frente del país por considerar que accedió al cargo en franca violación de las normas que establecen la sucesión presidencial.
En noviembre de 2019, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera fueron obligados a dimitir, y dejaron el país por amenazas contra sus vidas, no obstante la Constitución boliviana establece cómo debe ser la sucesión a los cargos.
El ejecutivo transitorio debe salir del liderazgo de las cámaras legislativas, así se evita el vacío de poder y se garantiza la gobernabilidad del país hasta la posesión del nuevo gobierno.
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