En noviembre último, directivos de la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS) dieron a conocer la denominada Ruta de la salud, que de manera paulatina podría disminuir las esperas para acceder a una cita o una intervención quirúrgica.
La demora puede extenderse de meses a años, y según cifras oficiales de la CCSS publicadas en su página web, para acceder a una consulta externa esperan 280 mil 621 personas, con un promedio de espera de 375 días.
Mientras para una intervención quirúrgica 177 mil 21 pacientes esperan por ir al quirófano, algo que se puede demorar 461 días.
La presidenta de la CCSS Martha Esquivel al presentar la propuesta para solucionar esta problemática, explicó que una de las soluciones es incluir mecanismos adicionales como el sistema de copago, en que el usuario asume una parte del costo de los servicios de salud que se contrate a un centro privado, con el cual no han decidido si la institución pagará el 50 o el 60 por ciento.
La defensoría en un comunicado esta jornada señaló que esta propuesta rompe con el acceso en condiciones de equidad a los servicios de salud, ya que favorece a las franjas de población que cuentan con capacidad de pago por esos servicios.
Asimismo, criticó que no existe ninguna regulación sobre el copago, y que, de establecerse, podrían ser contrarias al espíritu del modelo de sistema de salud costarricense y a la promoción de la equidad.
El copago entraña el riesgo de aumentar la brecha de acceso a los servicios por cuanto favorecería a las personas que cuenten con los recursos económicos por ser manifiestamente inequitativo, así como potencialmente discriminatorio y excluyentes para amplios sectores de la población, en especial, los más vulnerables, dijo la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank.
La entidad agregó también que el copago nunca ha sido parte del modelo de seguridad social nacional, y que es una figura propia de servicios de salud privados.
Al presentarse la propuesta del copago, los sindicatos de salud respondieron a los directivos de la CCSS y mostraron insatisfacción por las posibles soluciones del Gobierno a las extensas listas de espera.
Las organizaciones sindicales coinciden en que esta iniciativa es una improvisación y una clara evidencia de las intenciones privatizadoras de los servicios de salud.
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