El Ministerio Público y la Oficina de Protección del Ciudadano pusieron en marcha un programa para reducir el hacinamiento de las cárceles, que actualmente operan a más del triple de su capacidad.
Guillaume reconoció que muchos de los reos llevaban más de cinco años detenidos por delitos menores y sin acceso a abogados o jueces.
La prioridad gubernamental es combatir ese tipo de encarcelamientos que afecta a ocho de cada 10 reclusos, precisó el funcionario.
Además, aseguró, que tiene previsto continuar analizando los casos de los reos durante esta semana para tomar las decisiones jurídicas a favor de quienes lo merezcan.
A finales de octubre el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Magistratura establecieron una comisión especial compuesta por cuatro personas para estudiar la mejor manera de reducir ese fenómeno en las cárceles.
Por su parte, el Colectivo de Abogados en Defensa de los Derechos Humanos propuso la digitalización del sistema judicial haitiano como una de las posibles soluciones a la problemática, además de alentar a las autoridades políticas a tratar la cuestión de los mandatos de los jueces que aún no han sido renovados y dotar de más medios a la Administración Penitenciaria para que controle los tribunales.
Según un informe de Naciones Unidas, las prisiones de Haití operan al cuádruple de su capacidad y los reclusos solo tienen 0,24 metros cuadrados para sobrevivir «poco más que la superficie de una silla».
El documento señala que las cárceles se enfrentan a una grave crisis alimentaria y de suministros médicos, mientras que a los reos se les sirve una sola comida al día. Resulta casi inexistente el acceso de los detenidos a la atención médica, con solo un galeno por cada mil 16 reclusos y los suministros de medicamentos son escasos y limitados.
En este contexto, los reos dependen casi totalmente de los cuidados que les prestan las organizaciones benéficas, con lo cual las condiciones de detención se consideran en sí mismas constitutivas de tortura, aseguró el texto.
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