Los reclusos sufrían prisión preventiva prolongada y llevaban años encarcelados por delitos menores sin ser juzgados ni condenados, precisó el fiscal.
La liberación forma parte de un programa puesto en marcha por el Ministerio Público y la Oficina de Protección del para reducir el hacinamiento de las cárceles, que actualmente operan a más del triple de su capacidad.
De acuerdo con Guillaume, la prioridad del Gobierno es combatir ese tipo de encarcelamientos que afecta a ocho de cada 10 reclusos.
A finales de octubre el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Magistratura establecieron una comisión especial compuesta por cuatro personas para estudiar la mejor manera de reducir ese fenómeno en las cárceles.
Por su parte, el Colectivo de Abogados en Defensa de los Derechos Humanos propuso la digitalización del sistema judicial haitiano como una de las posibles soluciones a la problemática, además de alentar a las autoridades políticas a tratar la cuestión de los mandatos de los jueces que aún no han sido renovados y dotar de más medios a la Administración Penitenciaria para que controle los tribunales.
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