“La investigación ha dado resultados para presentar una acusación”, dijo Alave, en conferencia de prensa.
Este proceso investiga el complot que desembocó en 2019 en la renuncia del expresidente constitucional Evo Morales y la imposición del régimen de Jeanine Áñez (2019-2020).
Dos días después, Áñez y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 4078 (conocido como de la Muerte), que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la represión contra quienes reclamaban restablecer el orden constitucional.
En ese contexto, ocurrieron masacres como las de Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto) y el Pedregal (La Paz), con saldo de 37 muertos, miles de heridos, torturados y detenidos ilegalmente.
Como principales encartados en este expediente figuran el encarcelado gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, además de la exsenadora Jeanine Áñez y el extitular del Comité Cívico de Potosí Marco Antonio Pumari, entre otros.
Se prevé que la comisión concluya con las últimas revisiones y presente la acusación ante el juez, quien resolverá el juicio oral.
A dos años de cárcel en proceso abreviado tras declararse culpables en este caso fueron condenados el 5 de diciembre último los exministros del gobierno de facto Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán.
Los dos cercanos colaboradores de la exgobernante de facto, encarcelados preventivamente en la prisión de San Pedro, en La Paz, reconocieron su culpabilidad por la comisión de los delitos de asociación delictuosa y encubrimiento en el expediente activado por una denuncia de la exdiputada del Movimiento al Socialismo Lidia Patty.
Coímbra y Guzmán, extitulares de Justicia y Energías, respectivamente, fueron aprehendidos en marzo de 2021, investigados por terrorismo y otros delitos.
“Admitimos la comisión del delito de encubrimiento (art. 171) en relación al delito de asociación delictuosa (art. 132), tipificado en el Código Penal, renunciando al juicio oral público y contradictorio”, expresa la parte sustancial del memorial presentado por ambos al Ministerio Público.
Igualmente, solicitaron “la pena mínima” como sanción, según el texto dirigido al fiscal Omar Mejillones.
Imputada también en este caso, la exgobernante de facto ya purga en la prisión paceña de Miraflores una pena de 10 años tras ser condenada en el expediente Golpe de estado II, referido a la forma ilegal de la que se valió para ocupar la presidencia del Senado y posteriormente la del Estado.
Otros encarcelados preventivamente e imputados en Golpe de Estado I son Camacho y Pumari.
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