“Hemos aclarado como Gobierno nacional que no existen presos políticos en nuestro país, lo que existen son políticos que están presos porque han contravenido el ordenamiento jurídico vigente”, aseguró Ríos en diálogo con medios periodísticos.
El vicetitular emitió este criterio a propósito de la convocatoria este jueves a una marcha en Santa Cruz contra la detención el 28 de diciembre de 2022 del principal impulsor del golpe de Estado de noviembre de 2019.
Presidente entonces del Comité Cívico cruceño, Camacho encabezó las revueltas con métodos violentos que, tras un motín policial y una reclamación de las Fuerzas Armadas, forzaron el 10 de noviembre de ese año la renuncia del expresidente Evo Morales.
La élite promotora de la protesta de este jueves manipula la realidad y señala que Camacho fue “secuestrado”.
Sin embargo, Ríos aclaró que los cuerpos policiales solo cumplieron la orden emitida por el Ministerio Público tras reiteradas negativas de Camacho a presentarse a declarar ante citaciones de los fiscales investigadores del expediente penal denominado en los medios Golpe de Estado I.
En este caso se investiga el complot que forzó en 2019 la renuncia del expresidente Morales y la imposición del régimen de facto de Jeanine Áñez.
Dos días después, Áñez y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 4078 (conocido como de la Muerte), que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la represión contra quienes reclamaban restablecer el orden constitucional.
En ese contexto, ocurrieron masacres como las de Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto) y el Pedregal (La Paz), con saldo de 37 muertos, miles de heridos, torturados y detenidos ilegalmente.
Una de las pruebas que obran contra el gobernador encarcelado es un video difundido en los canales nacionales de televisión.
En el audiovisual, Camacho admitió que antes de dar a Morales el ultimátum para su renuncia en 48 horas, su padre, José Luis Camacho, “cerró” con efectivos policiales y militares para que incumplieran su deber constitucional ante las acciones antigubernamentales en 2019.
La acusación formal recientemente presentada abre paso al juicio penal por delitos, como terrorismo, (tiene una condena de 15 a 20 años de cárcel), financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos.
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