Mediante el veredicto Constitucional 1021/2023, el TCP dispuso que el vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, asuma como gobernador, en suplencia de Luis Fernando Camacho, detenido preventivamente en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, departamento de La Paz, acusado de terrorismo en el expediente Golpe de Estado I.
“Son sentencias constitucionales que han sido emitidas por otra instancia, no por el Órgano Ejecutivo, es una sentencia constitucional que ha sido emitida por el TCP», reiteró Alcón en conferencia de prensa desde Cochabamba.
Enfatizó, asimismo, en que, en la boleta de sufragio, el pueblo cruceño eligió tanto al gobernador como al vicegobernador, por lo que “tener a estas autoridades departamentales no es un tema que el Gobierno haya llevado adelante”.
Describió que, sobre la base de sus competencias, el TCP realizó un análisis y emitió una Sentencia Constitucional que hace referencia a estos antecedentes que tienen que ver con el Estatuto del departamento de Santa Cruz, la normativa y la Constitución Política del Estado.
Remarcó Alcón que lo más importante en este momento es la gestión gubernamental que se necesita y se tiene que llevar adelante en el departamento, pues las autoridades tienen que responder al pueblo con el trabajo ante problemas como los ambientales.
En el caso denominado Golpe de Estado I, se investiga el complot que forzó en 2019 la renuncia del entonces presidente Evo Morales y la imposición del régimen de facto de Jeanine Áñez.
Dos días después, Áñez y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 4078 (conocido como de la Muerte), que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la represión contra quienes reclamaban restablecer el orden constitucional.
En ese contexto, ocurrieron masacres como las de Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto) y el Pedregal (La Paz), con saldo de 37 muertos, miles de heridos, torturados y detenidos ilegalmente.
Una de las pruebas que obran contra el gobernador encarcelado es un video difundido en los canales nacionales de televisión, en el cual Camacho admitió que antes de dar a Morales el ultimátum para su renuncia en 48 horas, su padre, José Luis Camacho, “cerró” con efectivos policiales y militares.
También existe la constancia de gruesas sumas de dinero que transfirió desde su cuenta bancaria a altos cargos castrenses a cambio del incumplimiento de su deber constitucional ante las acciones antigubernamentales en 2019.
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