La demanda se plantea cuando, a un año de los sangrientos sucesos, las pesquisas avanzan con pies de plomo, por lo que se encuentran en la fase de investigación preliminar, pese a videos, testimonios y peritajes que señalan a la Policía y los militares como autores presuntos de las muertes.
El epicentro de la protesta es la ciudad puneña de Juliaca, donde el 9 de enero de 2023 fueron abatidos 18 manifestantes que asediaron el aeropuerto del lugar, hecho que el Gobierno califica como terrorista, aunque no hay evidencias de que los civiles usaran armas de fuego.
Desde ayer rige, por decreto del gobierno regional de Puno, un duelo de 48 horas como homenaje a la memoria de las víctimas, agregando además en el tributo a un policía linchado en circunstancias por esclarecer y a seis soldados ahogados cuando cruzaban un río al regresar a su cuartel.
Un informe de las familias de los caídos atribuye la lentitud de las pesquisas a cinco cambios de fiscales, su centralización en Lima, que obliga, por ejemplo, a familiares y testigos a viajar más de mil kilómetros para declarar en una indagación por presunto genocidio, a la Presidenta Boluarte.
Según el activista puneño de derechos humanos Wilmer Quiroz, la investigación se mantiene en el nivel preliminar pese a a que ya se ha identificado la cadena de mando, que va de los presuntos autores de las muertes a los responsables de mayor nivel.
Demandó incluir a quien era jefe policial de Juliaca, coronel Julio Mauricio Contreras, como exigen las familias de las víctimas, y al jefe del contingente de Operaciones Especiales que actuó en los incidentes del aeropuerto de Juliaca, coronel Juan Pedrera Ruiz.
Sobre las dificultades de acopiar evidencias, Quiroz señaló que durante los luctuosos sucesos dejaron de funcionar las cámaras de vigilancia del municipio y solo hay videos grabados y difundidos por ciudadanos y registros de cámaras privados de vigilancia.
Guido Pilco, uno de los fiscales que estuvo a cargo de las pesquisas, según el activista humanitario, evitó someter a los policías involucrados a un peritaje para determinar si habían usado armas de fuego y tampoco incautó, como corresponde, el armamento usado contra las protestas.
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