En el parlamento, las críticas apuntaron al presidente del legislativo, Alejandro Soto, acusado de firmar la ley modificatoria incumpliendo el reglamento, al no someter al pleno congresal dos mociones de reconsideración de la votación que aprobó las normas.
Las organizaciones integrantes de la Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático rechazaron las modificaciones a la citada ley, por su carácter inconsulto e ilegal, según afirmaron en un comunicado.
“Los responsables de esta modificatoria tendrán responsabilidad administrativa funcional, responsabilidad civil y/o responsabilidad penal, esto debido a que no se respetó el reglamento del Congreso”, agrega el texto.
Señala además que las modificaciones promueven la deforestación y facilitan el otorgamiento de derechos sobre los territorios de las comunidades amazónicas a favor de terceros y violan sus derechos a la consulta y consentimiento previo.
“Más grave aún, esta modificatoria promoverá el despojo de nuestros territorios ancestrales e incrementará las amenazas y la vida de los defensores indígenas ambientales, así como la vida e integridad biológica, cultural, ambiental y espiritual”.
Firman el pronunciamiento la Asociación Interétnica de la Selva Peruana, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas, la Confederación Nacional Agraria y la Confederación Campesina del Perú.
También la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas, Nativas y Asalariadas de Perú.
La decisión de Soto de promulgar la ley fue impugnada por los congresistas Ruth Luque, Sigrid Bazán y Jaime Quito, que coincidieron en calificar de ilegal el procedimiento utilizado por el titular del Congreso.
Para Luque, la legislación aprobada propicia las actividades ilícitas que impulsan la deforestación, la tala y la minería ilegales, el tráfico de tierras y el narcotráfico.
La nueva ley confirma que “nos gobiernan mafias y lobistas (promotores de intereses privados)”, dijo Bazán, mientras Quito señaló que se trata de una grave violación de los derechos de los pueblos indígenas que pone en peligro a la Amazonía.
La ambientalista Red Muqui advirtió que los cambios dan potestad a los gobiernos regionales a habilitar los bosques para la agricultura o la explotación de madera, lo cual favorece la depredación de la selva.
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